25 marzo de 2022

El MPD impulsó medidas para lograr la restitución de derechos a una familia migrante


Un equipo interdisciplinario del Ministerio Pupilar y de la Defensa y la jueza subrogante de Familia IV Nominación del Centro Judicial Capital, Dra. Valeria Brand, asistieron en conjunto al domicilio de Fátima*, en el paraje El Simbolar, Trancas, donde llevaron a cabo una importante audiencia en el marco de una causa por protección de persona.

En noviembre pasado, luego de una sentencia dictada por la Dra. Brand, se conformó una mesa interdisciplinaria con representantes del MPD y de la Corte Suprema de Justicia, quienes comenzaron a interactuar y llevaron adelante un plan de trabajo conjunto para lograr restituir los derechos de la mujer y sus hijos, todos de nacionalidad boliviana.

En esa oportunidad, la secretaria Judicial, Dra. Gabriela Granito, expresó que “por disposiciones del ministro Pupilar y de la Defensa, Dr. Washington Navarro, desde el ministerio se coordinaron los equipos de profesionales para que esa familia, que se encuentra atravesada por múltiples vulnerabilidades, como violencia de género, necesidades básicas insatisfechas y barreras lingüísticas por su condición de migrantes, pueda recibir respuestas”.

Como consecuencia del trabajo interdisciplinario, la jueza realizó la audiencia en El Simbolar (Trancas), donde participó un intérprete de lengua Quechua Potosí, Esteban Carvajal, contratado especialmente por el MPD, con el propósito de superar las barreras lingüísticas con los miembros de la familia.  Ese día, la magistrada, junto con representantes de la Defensoría Civil y del Trabajo Itinerante Capital; de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la III Nominación de Capital; de la oficina de Nuevos Derechos; y de la oficina del Abogado del Niño, Niña y Adolescente, escucharon a los miembros de la familia y, especialmente, a los hijos y a la hija de Fátima.

En su sentencia, la Dra. Brand resolvió ordenar a las diversas áreas del gobierno provincial, que adopten las siguientes medidas: entrega de una casilla; electrodomésticos básicos; la instalación de un baño; la entrega de módulos alimentarios y subsidios. También ordenó se garantice la atención de la salud física y mental de los miembros de la familia y se entreguen documentos facilitando la naturalización de los familiares de Fátima.

La jueza remarcó en la resolución judicial que “en el marco de una situación de hipervulnerabilidad, el MPD contribuyó a la constitución de un equipo interinstitucional para un abordaje interdisciplinario incorporando perspectiva de género y de interseccionalidad”.

En el escrito también destacó que, “como resultado de esta mesa de trabajo, en la que participó la Oficina de Nuevos Derechos, dependiente de la Subsecretaría Civil del MPD; Oficinas de la Mujer, de Derechos Humanos y personal especializado del Gabinete Psicosocial de la Corte Suprema de Justicia, se aportaron informes de visitas en territorio y distintas perspectivas críticas que conformaron un inicial plan de acción, el cual fue aprobado y utilizado por el juzgado para el dictado de esta sentencia”.

*El nombre utilizado es ficticio para proteger la identidad de la persona.